Trinchera Académica Patriota 

Hace poco asistí a un foro organizado por el Centro de Humanidades en nuestra Universidad donde se analizaba el actual proceso de paz y el posible escenario de post conflicto, los invitados en aquella ocasión aunque partían de ópticas distintas coincidían en su postura, desde elementos políticos, jurídicos, filosóficos y militares, el mensaje central resultó ser uno solo: “la paz sí, pero no a cualquier precio”. Justamente resaltaban que el límite tiene que estar dado por las normas jurídicas, tanto las nacionales como las internacionales. Una idea que pareciera es más que obvia, al menos en los Estados de Derecho que como el nuestro dicen ser democráticos, sin embargo esta idea pareciera ser hoy algo extraña, especialmente entre los más jóvenes.

 

Como sé que estos temas de la paz mueven bastantes pasiones, quisiera comenzar por recordar aquella idea básica de lo que significa hablar del “Estado de Derecho”, pues entre nosotros viene haciendo carrera una idea bastante peligrosa y es creer que defender las instituciones estatales es ser un dictador, guerrerista o no querer la paz, y nada más alejado de la realidad que esto. En efecto se trata de todo lo contrario, el Estado de Derecho, nuestras instituciones, sirven como fundamento e incluso como funcionamiento de la misma democracia, aquel sistema político donde todas las visiones se dan cita para llegar a acuerdos, desde el diálogo pacífico. Valga subrayar, sin armas, porque ese monopolio de la fuerza lo hemos cedido al Estado para que cuide, proteja y defienda a sus asociados, razón por la cual no puede renunciar al uso legítimo de la fuerza. De allí que salte a la vista que el Estado no es un “actor más”, sino quien nos representa y por supuesto es el encargado de garantizar el orden. Valga aclarar también que hablamos del Estado y no del Gobierno, pues este último solo es la rama ejecutiva de aquel.

 

Recordemos que el Estado de Derecho tiene un origen liberal y nace en oposición al Estado absolutista, este último se caracterizaba por ser un Estado donde el monarca decía lo que era justo y lo que no, y el pueblo no tenía ningún tipo de participación. De allí que el cambio que marcará el Estado de Derecho es que por primera vez tendremos a los gobernantes sometidos a una norma que estará por encima de ellos – la Constitución- y existirá un límite al ejercicio del poder que será el respeto a los derechos humanos. Los primeros intentos liberales darán origen a un Estado con un marcado acento en ser custodio de derechos individuales, pero esto se irá ampliando hasta llegar a los sociales y dar configuración al Estado que hoy tenemos, que en el caso colombiano se define en la Constitución de 1991 como un “Estado Social de Derecho”. La tesis fundamental de nuestro Estado es que el pueblo de Colombia es el soberano (democracia) y que él ha creado este Estado –todas las instituciones- que tiene una tridivisión de poderes los cuales se armonizan por un sistema de frenos y contrapesos, labor que acompañan los órganos de control. Esa organización estatal está expresada en la Constitución Nacional – norma de normas- que nadie, ni siquiera el gobernante puede violar, pues todos nos sometemos a ella, esa es la idea básica de un Estado de Derecho.

 

Dicho lo anterior, hay que precisar que las críticas al proceso de paz que se adelanta en la Habana están en buena medida fundamentadas en un problema y es el actual debilitamiento del “Estado de Derecho”, que no es otra cosa que el debilitamiento de las instituciones y en última medida del poder del pueblo. Resulta complejo descubrir realidades tan difíciles como las siguientes: que algunos sectores vean con desconfianza la actuación de órganos de control cuando estos deben cumplir esa función; que a ciertos sectores les parezca normal que la Constitución se pueda estar reformando y refundando el Estado cada vez que un grupo armado lo quiera perdiendo de vista que la Constitución es el acuerdo que hemos hecho entre todos y debe darnos un norte; que algunos pretendan equiparar las fuerzas legítimas del Estado con la insurgencia olvidando que a la Fuerza Pública le encomendamos desde la Constitución el deber de cuidarnos y a ellos se les hacen exigencias de cumplimiento de DDHH y de DIH; que en Colombia nos hayamos acostumbrado a tener un Derecho Penal que de alguna forma se acomoda al delincuente retrocediendo en la historia, pues ahora no castigamos según el delito sino según el delincuente, el Estado se muestra muy duro frente a quien hace agresiones menores y pero se atemoriza ante quien comete delitos atroces. Todo lo anterior no solo crea inseguridad jurídica, sino un ambiente donde se envía un mensaje equivocado a la sociedad.

 

Como lo he expresado ya en varios escenarios, de este proceso no me preocupa tanto lo que pase con las FARC, me preocupa aún más que al hacer concesiones que violan tratados internacionales en lo referido a quienes cometen crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, otros actores sientan que el Estado no cumple su función y terminen armándose; me preocupa aún más que los colombianos que trabajan honestamente empiecen a plantearse si no les irá mejor yéndose por caminos fraudulentos… me da temor que lo que algunos dicen hoy en memes, medio en broma y medio en serio, eso de “ser pillo paga”, termine por hacer carrera. Me da temor que perdamos el sano equilibrio y complementariedad que debe existir entre el perdón y la justicia, y que nos acerquemos a la impunidad, lo que abriría una nueva ola de conflictos. Hay que recordar que en la teoría clásica justamente se le otorga al Estado la facultad de imponer penas y en general administrar justicia para que los privados no lo hagan por cuenta propia, en otras palabras, para que sea la autoridad competente quien se encargue de imponer castigos y de esa forma no exista la venganza, no se genere un ciclo de violencia.

 

Es así como las discusiones no pueden darse en términos de querer o no la paz, es obvio que todos la queremos. La pregunta es ¿vamos a respetar las normas de juego que hemos trazado para todos?, porque la paz no puede pensarse solamente en clave de las FARC, no es a ellos a quienes hay que complacer, es un proyecto que debe incluirlos como desmovilizados sí, pero Colombia no puede pensarse a partir de las condiciones de un grupo armado ilegal que le ha hecho tanto daño a costa de olvidarse de lo que ha sido su tradición como democracia. Los problemas del país son más grandes y más complejos (y valga recordar, con más actores ilegales), y bastante haríamos si partimos de una base sólida como el respeto por la Constitución como acuerdo mínimo de convivencia que hemos pactado entre todos y que debe respetarse. En esta vía, acogiendo las palabras del Expresidente Andrés Pastrana creo que debemos apostarle a la paz, pero sin violar la Constitución y las normas internacionales. Los debates son muy profundos como para que pretendan acallar a la ciudadanía simplemente solicitando un apoyo ciego a los acuerdos de la Habana, darlo desde ya significaría firmar un cheque en blanco, ya que el país no los conoce a profundidad y es misión de la academia abrir esos debates, esos espacios de diálogo serio y profundo, tocando los temas fuertes. Pienso que servir de “comité de aplausos” a un gobierno, o simplemente dedicarnos a lanzar odas románticas y abstractas a la paz donde obviamente todos vamos a coincidir con ese anhelo, no es la función primordial que deben tener hoy los intelectuales. Por el contrario, señalar críticas argumentadas, denunciar fallos para que no hagan carrera y sobre todo proponer salidas, son las funciones que nos debe ocupar. Formar un ciudadano crítico, pensante y conocedor de su país es el mejor aporte que la academia puede hacerle a la paz.

 

Por ello en buena hora el actual Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad, el Dr. Luis Fernando Álvarez, quien además es exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado, publicó una columna el pasado 18 de marzo en el periódico El Colombiano que ha titulado sin ambages “Defensa de la Constitución”, donde expresa que “A solicitud de la Corte Constitucional, la Facultad de Derecho de la U.P.B. ha presentado algunas observaciones técnicas al proyecto de ley estatutaria que convoca al denominado plebiscito por la paz. No se trata de formular falsos sofismas constitucionales, como en algún momento lo afirmó un alto funcionario del Gobierno, ni de torpedear un proceso que es esperanza para el país. Se trata de ser firmes en la defensa de la Constitución Política".

 

Y agrega, “Si en nuestra calidad de académicos no asumimos el deber y el valor de defender el orden institucional, no habrá esperanza futura, pues careceremos de autoridad moral para continuar formando juventudes en el campo del derecho, en nuestro empeño por construir una sociedad en la que el respeto por la normatividad se convierta en un postulado de vida para los asociados. Si así no obramos, seguiremos sumidos en la oscuridad de una sociedad que se enorgullece, ahí sí, falsamente, por no acatar los mandamientos legales, por estimular el desorden y por aplicar, también con un falso orgullo, aquel dicho que reza: “hecha la norma, hecha la trampa”.

 

En último término defender las normas vigentes no es ser guerrerista, ni uribista, ni anti-santista, ni paramilitar, ni enemigo de la paz, ni mucho menos militarista, ni partidario de dictaduras, y tampoco es ser de derecha (que bastante de izquierda tiene la Constitución). Defender la Constitución, la normatividad interna, el Estado de Derecho, el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, es ser un demócrata… es simplemente recordar que las normas jurídicas son para todos, incluido el gobernante y también para el malhechor por más fuerte que sea.

 

Como lo expresaba Monseñor Ricardo Tobón en el Congreso Internacional Joseph Ratzinger (23 de Octubre de 2014): “Todo el mundo quiere la paz, pero quien conoce y valora la verdadera paz rechaza ciertas formas de pacifismo que no van más allá de un aparente mantenimiento de la tranquilidad. No podemos aceptar una supuesta paz a cualquier precio, no podemos contentarnos con una paz superficial que se limite a garantizar la participación democrática y la libertad, bienes preciosos sin duda, pero que no se conecta con el mundo de los valores, del comportamiento moral, del sentido de la vida, del proyecto común de un pueblo. Hay muchas trampas en una paz ambigua, construida con minimalismos o relativismos. Nada más peligroso que una paz mal planteada, porque, como lo hemos experimentado, lleva sólo a una evolución y a una mayor complejidad de la violencia, a que aprendamos a convivir con la violencia y aun hasta llegar a hacer negocio con la violencia.”

 

Artículo tomado del Boletín del Observatorio de Ética, Política y Sociedad de la Universidad Pontificia Bolivariana y compartido con Trinchera Académica Patriota.

 

BEATRIZ EUGENIA CAMPILLO VÉLEZ